
Salud pública en el Perú: ¿por qué ya es una de las mayores preocupaciones ciudadanas rumbo a las elecciones 2026?
A meses de las elecciones generales, las fallas estructurales del sistema explican el deterioro en la percepción ciudadana y reabre
A meses de las elecciones generales, las fallas estructurales del sistema explican el deterioro en la percepción ciudadana y reabre el debate sobre la reforma urgente que el país necesita.
La preocupación por la salud se ha convertido en una inquietud cotidiana para millones de peruanos y así lo demuestran las cifras. Según el estudio «Preocupaciones de los Hogares Peruanos 2025”, de la consultora Kantar Worldpanel, cerca de la mitad de las familias peruanas identifica la salud y el estado físico entre sus principales temores, solo por debajo de la inseguridad ciudadana y otros factores económicos.
El estudio —realizado con 744 hogares a nivel nacional—, evidenció que la inseguridad lidera la lista de preocupaciones con una amplia mayoría de respuestas, seguida del aumento de precios y la situación económica familiar. Sin embargo, la salud también se posicionó dentro de los cinco primeros lugares, mostrando cada vez mayor relevancia entre la ciudadanía y reflejando una percepción de deterioro en el sistema y en la capacidad estatal para responder a las necesidades sanitarias.
Estos resultados no son casualidades. Las experiencias de atención deficiente, la escasez de recursos y las dificultades para acceder a servicios oportunos han alimentado la sensación de vulnerabilidad entre la población.
Brechas estructurales que marcan la agenda electoral
A pocos meses de las elecciones generales, el sector salud se posiciona como uno de los temas central del debate público. Un análisis difundido por Infobae destacó que las brechas estructurales del sistema sanitario —junto con las del sector educativo — representan desafíos inevitables para las futuras autoridades.
Entre los problemas más recurrentes se encuentran las dificultades de acceso oportuno a la atención, la débil capacidad resolutiva del primer nivel, la fragmentación institucional y la limitada ejecución de recursos. Estas falencias impactan directamente en la calidad de vida de millones de personas y generan desigualdades territoriales que afectan con mayor intensidad a las zonas rurales y poblaciones vulnerables.
El foro CADE Salud 2026 —a desarrollarse durante el mes de marzo— impulsado por IPAE Acción Empresarial, y citado en ese mismo análisis, advirtió que el país enfrenta una brecha persistente entre el aseguramiento formal y la atención efectiva. Es decir, aunque más ciudadanos cuentan con algún tipo de cobertura, ello no garantiza servicios oportunos ni de calidad.
Financiamiento insuficiente: el talón de Aquiles del sistema
Uno de los principales factores que explica la crisis estructural es la limitada inversión pública en salud. Un informe sobre financiamiento elaborado por Gobierna Consultores detalló que el Perú destina alrededor del 3,6% de su Producto Bruto Interno (PBI) al sector, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud para avanzar hacia la cobertura universal efectiva.
Según el análisis —con datos del Banco Mundial 2023— el gasto público anual alcanza apenas US$286.2 por persona, equivalente a US$ 0,78 diarios, cifra menor al promedio de América Latina (US$375.2) y muy distante de países como Uruguay (US$1,307.9) o Chile (US$862.2). Además, el promedio de inversión de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) supera los US$3,577.8 per cápita, más de dos veces el nivel peruano. El documento subrayó que esta brecha no responde a una coyuntura reciente: entre 2000 y 2023 el gasto público en salud solo creció 1,3 puntos del PBI, pasando de 2,3% a 3,6%, lo que evidencia un sistema que ha operado durante años al límite de su capacidad financiera.
Medicamentos: el riesgo de nuevos desabastecimientos
El acceso a medicamentos constituye otro punto crítico que afecta la confianza ciudadana. Otra reciente investigación de Gobierna Consultores indicó que el abastecimiento podría verse comprometido hacia este 2026 si no se asignan los recursos necesarios para las compras corporativas que realiza el Estado a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).
Históricamente, estas adquisiciones conjuntas han permitido reducir costos y ampliar el acceso a tratamientos esenciales. Sin embargo, el informe alertó que la priorización de un número limitado de fármacos críticos podría obligar a múltiples unidades ejecutoras a comprar de forma individual, elevando precios y reduciendo el poder de negociación estatal.
Este escenario incrementaría el gasto de bolsillo de las familias y podría profundizar las desigualdades en el acceso a tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
El Dr. Marco Almerí, cardiólogo clínico y especialista en salud pública, explicó que, en contextos como este, “además de que los pacientes se descompensan, los pacientes no se recuperan y esto contribuye a una prolongación de la estancia hospitalaria. Lo máximo que un paciente debería estar hospitalizado es 9 días (promedio mundial), pero en el Perú se quedan un mínimo de 30 días, y hasta dos o tres meses, porque no recibieron un tratamiento temprano”.
Recursos humanos: déficit y desigualdad territorial
La escasez de profesionales de la salud también contribuye a la percepción de crisis. De acuerdo con estimaciones del propio Ministerio de Salud (MINSA), el Perú contaría con aproximadamente 17 médicos por cada 10 mil habitantes, cifra muy inferior al estándar mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El problema no se limita a la cantidad, sino también a la distribución. Regiones como Piura, Loreto, Cajamarca y Puno presentan densidades aún menores, lo que amplía las brechas entre zonas urbanas y rurales.
En declaraciones para Diario Expreso, la médica cirujana Tirssa Mejía sostuvo que “es un gran reto aumentar la cantidad de médicos en el Perú, pero el desafío no termina allí. Resulta fundamental asegurar su adecuada distribución en todo el territorio, evitando así la concentración en Lima, para responder a la gran necesidad de profesionales en la Amazonía, la sierra y zonas rurales donde las brechas en salud son más críticas”.
Calidad de atención y crisis hospitalaria
Los problemas estructurales también se reflejan en situaciones concretas que generan indignación pública. Hace algunos días, una imagen que circuló en redes sociales y noticieros expuso el caso de un paciente con tuberculosis que debió permanecer en el suelo de un hospital por falta de camillas debido a la saturación del servicio.
Ante este escenario, el exministro de Salud Óscar Ugarte calificó el hecho como “muy indignante”, y añadió que “el Perú como país gasta menos que los demás países, incluso de América Latina, esa es una realidad, pero eso no obvia que hay que hacer cuestiones urgentes que tienen que ver con la gestión, y se debe fortalecer el primer nivel de atención médica, este caso de TBC se puede atender en un centro de salud y no terminar en un hospital, como ha sucedido”, manifestó en diálogo con Panamericana Televisión.
Episodios como este reflejan no solo problemas de infraestructura y recursos, sino también debilidades en la organización del sistema y en la atención primaria, que debería resolver la mayoría de los casos antes de que lleguen a hospitales saturados.
Reforma necesaria: del diagnóstico a la acción
La coincidencia entre especialistas e informes técnicos es clara: el sistema necesita reformas estructurales que fortalezcan el primer nivel de atención, transformen la gestión, integren los servicios y aseguren financiamiento sostenible.
En ese sentido, el especialista en salud pública Omar Neyra indicó a ANACAB que “la reforma de todo el sistema de salud basado en la atención primaria debe ser el gran desafío para el próximo gobierno”, y señaló que sin una transformación integral “todo lo que se ha intentado hacer será simplemente poner un parche a un problema profundo que tiene la salud pública del país”.
Asimismo, sostuvo que esta reforma debe incluir cierre de brechas de infraestructura, transformación digital, mejoras en la gestión de medicamentos y recursos humanos, financiamiento sostenible y lucha contra la corrupción para lograr cambios reales en la próxima década.
Los análisis coinciden en que la discusión ya no debe centrarse en si se requieren cambios, sino en cómo implementarlos con metas claras, responsables definidos y mecanismos de seguimiento. Asimismo, advierten que promesas sin respaldo fiscal o técnico podrían generan mayor desazón en la ciudadanía.
Un tema decisivo para el voto de la población
La creciente preocupación por la salud refleja una demanda social urgente. El deterioro en la percepción ciudadana responde a experiencias concretas: hospitales saturados, dificultades para acceder a medicamentos, déficit de profesionales y un financiamiento limitado que no alcanza para cubrir las necesidades del país.
En medio de este panorama, la salud pública se perfila como uno de los ejes centrales del debate rumbo a las elecciones generales en el mes de abril. Más que promesas marcadas por la coyuntura, la ciudadanía exige soluciones sostenibles que garanticen atención oportuna, segura y de calidad para todos.
El desafío no es menor. Reformar el sistema implica decisiones políticas complejas, inversión sostenida y un enfoque centrado en las personas. Pero también representa una oportunidad histórica para reconstruir la confianza de la población y asegurar que millones de peruanos accedan a un derecho fundamental que hoy sigue siendo una deuda pendiente.
Como ciudadanos, también tenemos un rol decisivo en el futuro del sistema de salud. Informarnos, contrastar propuestas y votar con conciencia será clave para exigir planes de gobierno con compromisos claros, viables y, sobre todo medibles que respondan a las necesidades reales del país.
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