Para millones de peruanos eso parece imposible. No obstante, existen Asociaciones Público Privadas (APP) en plena operación que revelan que el Estado, con la participación de empresas eficientes, puede proveer servicios de salud de alta calidad.

¿Cómo va la salud del país? De acuerdo con el “Reporte eficacia del gasto público”, realizado por ComexPerú, el presupuesto inicial destinado al 2022 del sector salud fue de S/ 22.945 millones, lo que representó el 11.6% del presupuesto público, 9.3% más que el periodo anterior. Y, hacia fines del 2022, la suma ascendió a S/31.652 millones. Sin embargo, esto no se tradujo en grandes mejoras, pues se quedaron sin ejecutar más de S/3.300 millones. Por lo tanto, la falta de servicios de salud de calidad no se deben a falta de recursos, sino de cómo se gestionan estos en beneficio de los usuarios.

A esto se suma a una mala administración de la partida y a que, según el análisis “Situación actual del mercado de salud peruano” de la Consultora Videnza, el Estado administra casi 9 mil establecimientos de primer nivel de atención que no tienen la infraestructura ni equipamiento necesario. 

Lo más crítico: la mitad de estos centros (4.500 establecimientos) no cuentan con médicos y presentan un desabastecimiento crónico de medicamentos. Solo 1 de cada 2 establecimientos tiene disponibilidad de medicamentos mayor al 80%. Todo esto genera mayor carga a los hospitales de segundo y tercer nivel, que tampoco tienen la capacidad, el equipamiento ni el personal suficiente. 

En palabras del economista Rafael Cortez, profesor asociado del Departamento Académico de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, así como líder de equipo de programas internacionales en salud y protección social, “tener más dinero, como en el caso peruano, no lleva a resolver muchos temas, entre ellos los de calidad de servicio y cobertura”.

Soluciones de futuro para el presente

El especialista refiere que, a nivel global, los sistemas de salud que funcionan mejor son los que han logrado, entre otras cosas, la denominada separación de roles y funciones. “Desde el modelo coreano hasta el inglés, y en muchos países de Europa, se han logrado separar los fondos de financiamiento de los servicios en la prestación. Esa separación ha dado paso a la gran revolución del sector salud en los últimos 50 años, que ha cedido espacio al sector privado como prestador de servicios”, explica.

• Por un lado, está el que financia, que en el caso de los sistemas exitosos es el Estado, que paga por la cobertura o aseguramiento en salud de la población. 
• Por otro lado, el que presta el servicio, que son empresas privadas especializadas en gestionar y administrar servicios de salud, ya sea de un establecimiento habilitado o participar desde la construcción de la infraestructura. La fórmula: Asociación Público Privada (APP).

Las Asociaciones Público Privadas

De acuerdo con la normativa peruana (Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1012), las APP son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.

En otras palabras, para cerrar las brechas en los servicios de salud pública nacionales, se debe cambiar el enfoque hacia uno más exitoso. El Informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado en El Comercio, reconoce que las APP son una alternativa viable. La prueba más tangible de ello es el trabajo realizado por la empresa IBT Group, que posee la concesión integral de los complejos hospitalarios de Essalud Guillermo Kaelin de la Fuente, en Villa María del Triunfo, y Alberto Leonardo Barton Thompson en el Callao. Ambos están entre los más productivos de Lima y lideran las encuestas de satisfacción en eficiencia y calidad.

Leonie Roca, presidenta de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), destaca que los beneficios de las APP van desde garantizar el mantenimiento de la infraestructura a lo largo de los años, hasta la mejora de la calidad del servicio, dado que los estándares son establecidos en los contratos y están bajo la supervisión de una empresa especializada contratada por Essalud. Asimismo, asegura que el costo per cápita por paciente afiliado a los hospitales antes mencionados es menor al de otros que pertenecen a redes de centros médicos que no son administrados por una APP.

Indicadores clave

¿Por qué estos hospitales concesionados funcionan tan bien? Porque el financiador (en este caso EsSalud) le paga al concesionario un monto fijo por cada paciente al año. Los hospitales Barton y Kaelin tienen asignados 250 mil asegurados cada uno. Algunos de estos asegurados necesitan el hospital con poca frecuencia y otros con mucha. Por lo tanto, para los administradores, es rentable mantener saludable a la población. Eso se llama «alinear intereses».

Para poder medir el desempeño del concesionario, el contrato pone distintos indicadores. Por ejemplo, de resultados, como tasa de inmunizaciones, tasa de complicaciones obstétricas o diagnóstico precoz de cáncer de mama, cuello uterino y próstata. Pero, además, el contrato exige que los pacientes estén contentos y bien atendidos. Esto se mide con indicadores como:

Satisfacción del usuario: + 90%.

Porcentaje de quejas: – 10%.

Porcentaje de quejas resueltas: 80%.

Finalmente, están los indicadores de gestión, que aseguran, por ejemplo, el porcentaje de abastecimiento en las farmacias de los hospitales o que la entrega de citas médicas o programación de cirugías no demore más de una cantidad de días.

Otro caso con buenos resultados es el de la empresa Salog, que desde el año 2010 se hace cargo de la logística, almacenamiento y distribución de medicamentos y materiales médicos de Essalud en Lima y Callao. El informe del IPE revela que su participación redujo los inventarios totales en 28%, lo que representa un ahorro anual de alrededor de S/100 millones para Essalud. Salog impulsa, además, los programas Padomi Delivery y Farmacia Vecina, el último les permite a los asegurados con enfermedades crónicas de Lima y Callao recoger sus medicamentos de manera gratuita en las boticas o farmacias afiliadas cerca de sus casas. 

Entonces, ¿por qué no se replican más de estas experiencias en el país? Entre las hipótesis barajadas por la presidenta de AFIN destacan:

• Existen funcionarios públicos que no quieren ceder el poder. 
• Existe oposición de una parte del personal médico que, bajo el servicio de una APP, estaría en un entorno de mayor control en cuanto asistencia y trato hacia el paciente.
• Está arraigado el pensamiento de que el financiamiento y la prestación del servicio debe ser público.

Para Roca, la solución es clara: “encontrar la mejor manera de cuidar al ciudadano, no a los políticos de turno o sindicatos. Se deberían impulsar los proyectos pendientes de ProInversión y replicar en todo el país los programas que ya están probados que funcionan, como el de Salog. Debemos dejar de boicotear lo que ya existe y da resultados”.

Finalmente, para Elizabeth Cavero, gerente general de ANACAB, “el Perú ya dejó de ser un país de bajos ingresos, somos un país de ingresos medios a altos. Eso quiere decir que sí tenemos los recursos, pero no los estamos usando bien. Lo que nos urge es una reforma en el Estado para de una vez hacer los cambios que garanticen que el gasto va a derivar en buenos servicios a los ciudadanos”.

«Ni siquiera tenemos que buscar modelos en otros países. Los casos de éxito los tenemos acá, en Lima, con una gestión eficiente de la logística de los medicamentos para los hospitales de Essalud y con medio millón de asegurados atendidos satisfactoriamente por los hospitales Barton y Kaelin», comentó Cavero. 

Es evidente la urgencia de superar obstáculos y adoptar soluciones rápido para que el acceso a la salud no sea teórico sino real.