El avance de casos y fallecidos y las reiteradas advertencias de especialistas y organizaciones sociales llevaron finalmente al Gobierno a declarar la emergencia. La medida busca contener un brote que ya evidenciaba señales de expansión desde hace meses.
La creciente propagación de la tos ferina en el país obligó finalmente al Ejecutivo a declarar en emergencia sanitaria por 90 días a la provincia de Loreto, en la región Loreto. La decisión llega en un contexto marcado por el aumento sostenido de contagios, el impacto en la población infantil y las constantes alertas emitidas desde distintos sectores sobre la necesidad de actuar con mayor rapidez.
Según cifras oficiales, el Perú registra ya 932 casos de tos ferina, de los cuales 383 corresponden a Loreto. El brote afecta especialmente a menores de edad y ha generado preocupación por las condiciones de atención sanitaria en comunidades amazónicas alejadas.
La medida fue anunciada por el presidente José María Balcázar durante una conferencia de prensa junto a ministros de Estado. En ese espacio, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, informó que se destinarán S/6 millones para fortalecer las acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y atención médica en la zona afectada.
Un brote que ya venía generando alertas
La declaratoria ocurre después de varias semanas de denuncias realizadas por organizaciones indígenas, especialistas en salud pública y organismos de derechos humanos sobre la situación en comunidades de la Amazonía.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó sobre la muerte de al menos 58 niños indígenas en comunicades de la cuenca del río Chambira, en el distrito de Urarinas, presuntamente vinculadas a brotes de tos ferina. A ello se sumaron reportes de federaciones indígenas que venían exigiendo la declaratoria de emergencia sanitaria y denunciando limitaciones críticas en el acceso a servicios médicos.
De acuerdo con las organizaciones locales, en cerca de 60 comunidades del pueblo urarina —donde viven más de 10,000 personas — solo había un médico para toda la zona.
Además, el Centro de Salud Intercultural de Nueva Unión dejó de contar con personal remunerado desde abril, situación que provocó la interrupción de la atención continua.
En declaraciones recogidas por La República, Gilberto Inuma, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del río Chambira (FEPIURCHA), señaló que la organización realizó al menos cuatro viajes a Lima para solicitar la declaratoria de emergencia, sin obtener respuestas concretas.
Las críticas por una respuesta considerada tardía
La decisión del Ejecutivo también abrió debate sobre la oportunidad y alcance de la medida.
En una columna de opinión publicada el 14 de mayo por el exministro de Salud y asesor internacional en políticas y sistemas de salud, Víctor Zamora Mesía, sostuvo que la emergencia sanitaria llega de forma tardía.
“Finalmente, y tras meses de reiteradas demandas de especialistas, la Sociedad Peruana de Pediatría, organizaciones de comunidades nativas y pueblos originarios, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Iglesia Católica, exministros de salud y la sociedad civil, el Gobierno del Perú ha declarado hoy la emergencia sanitaria mediante Decreto Supremo N° 007-2026-SA, a casi un año del inicio de la epidemia de tos ferina”, escribió en LinkedIn.
Zamora también cuestionó el alcance territorial de la norma al considerar que el daño se concentra especialmente en Datem del Marañón, mientras que otras regiones con riesgos epidemiológicos importantes, como Puno por el avance del sarampión, quedaron fuera de la declaratoria.
“En conclusión, aunque es un paso necesario, esta declaratoria llega tarde y resulta, a todas luces, insuficiente”, advirtió.
El sarampión y una nueva alerta sanitaria para el país
Precisamente, la preocupación sobre una respuesta reactiva frente a las enfermedades prevenibles cobró aún más fuerza estos últimos días, luego de que el Gobierno declarara también la emergencia sanitaria por 90 días debido al brote de sarampión registrado en el país.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 008-2026-SA y comprende Lima Metropolitana, Callao y las regiones de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.
Según informó el Ejecutivo a través de la norma publicada en El Peruano, la decisión responde a la transmisión local confirmada en Puno y al riesgo de diseminación hacia otras zonas del país.
Especialistas señalan que esta nueva emergencia sanitaria vuelve a evidenciar una problemática que se viene arrastrando desde hace varios años: la dificultad del sistema para sostener estrategias preventivas y anticiparse a los brotes antes de que alcancen niveles críticos.
Durante las últimas décadas, el Perú había logrado mantener controlada la transmisión endémica del sarampión gracias a campañas masivas de inmunización. Sin embargo, el descenso progresivo de la cobertura de vacunación tras la pandemia volvió a encender las alertas sanitarias.
A ello se suma el contexto regional. Según el exministro Víctor Zamora, Bolivia ya registra alertas epidemiológicas en ocho de sus nueve departamentos, situación que incrementa el riesgo de propagación hacia territorio peruano debido al tránsito constante de personas en zonas fronterizas.
Las medidas que especialistas consideran urgentes
Además de cuestionar la demora en la respuesta estatal, Zamora planteó una serie de acciones inmediatas que, a su juicio, deberían reforzar la estrategia sanitaria para evitar una mayor expansión de enfermedades prevenibles.
Entre ellas, propuso modificar el Decreto Supremo N° 007-2026-SA para ampliar el alcance geográfico de la emergencia sanitaria “según daño y riesgo”, incluyendo zonas como Datem del Marañón y Puno, e incluso evaluar una declaratoria de alcance nacional.
El exministro también planteó reforzar la prevención mediante vigilancia epidemiológica basada en pruebas laboratoriales y acelerar el cierre de brechas de vacunación a través de campañas de rescate y bloqueo en las zonas de mayor riesgo.
Otra de las medidas señaladas apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud, priorizando la detección temprana de casos, el abastecimiento de medicamentos e insumos y la capacidad resolutiva de los establecimientos sanitarios, especialmente para la atención de lactantes, considerados uno de los grupos más vulnerables frente a la enfermedad.
Estas recomendaciones coinciden con las advertencias realizadas durante los últimos meses por especialistas y organizaciones sociales sobre la necesidad de pasar de respuestas reactivas a estrategias preventivas sostenidas, particularmente en territorios históricamente desatendidos.
Una enfermedad altamente contagiosa
La tos ferina, también conocida como pertussis, es una infección respiratoria altamente contagiosa que puede afectar a personas de distintas edades, aunque representa un mayor riesgo para bebés y niños pequeños.
La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener coberturas altas de vacunación y reforzar la vigilancia epidemiológica para evitar brotes y reducir complicaciones severas.
Entre las posibles consecuencias de la enfermedad se encuentran neumonía, convulsiones y daño cerebral, especialmente en menores no vacunados o con sistemas inmunológicos debilitados.
Especialistas advierten además que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias, lo que dificulta el diagnóstico temprano y favorece la transmisión comunitaria si no se detecta oportunamente.
En ese contexto, el avance de la tos ferina vuelve a poner sobre la mesa las brechas históricas del sistema sanitario en prevención, vacunación y acceso oportuno a servicios de salud, particularmente en territorios alejados y poblaciones vulnerables.
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