La concentración de especialistas en Lima, las distancias geográficas y las dificultades para conseguir atención oportuna condicionan el acceso a la salud mental fuera de la capital.
Buscar atención psicológica no debería depender del lugar donde una persona vive. Sin embargo, en el Perú, acceder a un especialista, conseguir una cita y mantener un tratamiento puede ser más difícil para quienes residen en zonas rurales o regiones alejadas de los principales centros urbanos.
El Ministerio de Salud (Minsa) informó en febrero de 2026 que el país había alcanzado los 305 Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC), como parte de la estrategia para acercar los servicios especializados a la población y fortalecer la atención comunitaria. La expansión de esta red representa un avance, pero el número de establecimientos no basta para determinar si las personas reciben atención oportuna. También importan la disponibilidad de profesionales, los tiempos de espera, las distancias y la continuidad de los tratamientos.
La demanda de atención también evidencia la magnitud del desafío. Según el Minsa, durante 2024 los establecimientos de salud del sector atendieron 1. 862,186 casos relacionados con la salud mental; de ese total, 386, 158 fueron atendidos en centros comunitarios. Estas cifras corresponden a casos registrados en los servicios públicos y no representan necesariamente el total de personas que necesitan atención en el país.
Loreto, Puno y otras regiones: la atención pendiente
Las diferencias territoriales son uno de los principales puntos de preocupación. Según cifras del Minsa que cita Héctor Lazo, psicólogo clínico entrevistado para este artículo, Loreto registraría un 89,4% de personas que requieren atención en salud mental y no la reciben, seguido de Puno, con 89,2%. También identifica a Piura, Lambayeque, Ucayali y Madre de Dios entre las regiones con dificultades importantes para responder a esta demanda. Lazo señala que estos porcentajes reflejan una brecha considerable entre la necesidad de atención y la capacidad de respuesta de los servicios.
Para el psicólogo clínico, la desigualdad no se explica únicamente por la existencia de establecimientos. En las zonas rurales, sostiene, la distancia puede convertirse en una barrera concreta para iniciar o mantener un tratamiento. A ello se suma la percepción de que problemas como la depresión o la ansiedad desaparecerán por sí solos, lo que puede retrasar la búsqueda de ayuda profesional.
La evidencia científica también advierte que ampliar la oferta no resuelve automáticamente todos los obstáculos. Un estudio publicado este año en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, examinó los servicios comunitarios de salud mental en tres provincias del norte del Perú. A partir de entrevistas y grupos focales, sus autores identificaron barreras relacionadas con el estigma, las limitaciones de capacidad de los servicios, la rotación de personal y las dificultades de coordinación entre establecimientos de atención primaria y centros comunitarios.
La investigación también señaló que las deficiencias en las derivaciones y el seguimiento podían trasladar a los pacientes y sus familias la responsabilidad de recorrer el sistema para conseguir atención. Aunque sus resultados no representan a todas las regiones, ayudan a entender por qué la expansión de establecimientos debe acompañarse de una mejor articulación de los servicios.
El déficit no es solo de establecimientos, sino de profesionales
La disponibilidad de recursos humanos es otra dimensión importante. Lazo séñala que, según reportes del Minsa consultados, el sector público contaba con 294 psiquiatras y el 81% trabajaba en Lima Metropolitana. Asimismo, afirma que el 42% de los psicólogos clínicos colegiados se concentran en Lima.
Además, como referencia complementaria, el Mental Health Atlas 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra para el Perú una tasa nacional de 4,2 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y 30,8 psicólogos por cada 100 mil habitantes.
Más allá de las cifras, la distribución territorial tiene consecuencias prácticas: una persona puede vivir cerca de un establecimiento de salud, pero no encontrar allí al profesional o la capacidad de atención que necesita. Y cuando el servicio especializado está lejos, los gastos de transporte, el tiempo de desplazamiento y las obligaciones laborales o familiares pueden dificultar la continuidad del tratamiento.
Lazo también distingue entre contar con profesionales de psicología y disponer de personal con formación clínica y terapéutica adecuada para atender diferentes necesidades. Su planteamiento apunta a que la planificación sanitaria debe considerar no solo cuántos profesionales hay, sino también sus competencias, especialidades y ubicación.
La espera también puede agravar el problema. La oportunidad de la atención es tan importante como su disponibilidad. Lazo manifiesta que, en algunas regiones como Piura, las citas pueden espaciarse dos o tres meses, lo cual pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué ocurre cuando una persona necesita seguimiento y no logra recibirlo a tiempo?
Los problemas de salud mental tienen distintas manifestaciones y niveles de complejidad. La ansiedad persistente, los síntomas depresivos y las dificultades emocionales pueden afectar la vida cotidiana, las relaciones familiares, el desempeño escolar y el trabajo. Cuando los síntomas se intensifican, la falta de evaluación y seguimiento oportunos puede complicar la recuperación.
Por eso, la respuesta sanitaria no debería limitarse a atender episodios agudos. Requiere identificar tempranamente los problemas, establecer planes de tratamiento, hacer seguimiento y facilitar la continuidad de la atención cuando una persona necesita pasar del primer nivel a un servicio especializado.
La prevención también importa en las escuelas y las comunidades. Lazo propone fortalecer el trabajo de los profesionales de psicología en los colegios, con intervenciones sostenidas sobre convivencia, manejo de emociones y detección temprana, en lugar de depender únicamente de charlas aisladas o derivaciones.
¿Qué necesita cambiar para cerrar las brechas?
El Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2024-2028, aprobado por el Minsa, plantea ampliar el acceso a la atención, fortalecer el primer nivel y expandir la oferta de servicios según las brechas identificadas en cada departamento.
A partir de ese marco y de los problemas identificados, hay tres prioridades para avanzar:
– Distribuir y retener profesionales donde más se necesitan: Los incentivos para trabajar fuera de Lima, la capacitación y las oportunidades de desarrollo profesional pueden ayudar a fortalecer los equipos en regiones con menor disponibilidad de especialistas. Lazo plantea, además, promover la formación de profesionales con compromisos de retorno a sus regiones de origen.
-Acercar los servicios a las poblaciones alejadas: La telesalud puede complementar la atención presencial cuando sea clínicamente apropiada y exista conectividad. Los equipos móviles y la articulación con los establecimientos del primer nivel también pueden facilitar la atención en zonas rurales. Estas modalidades no sustituyen todos los servicios presenciales, pero pueden reducir algunas barreras de acceso.
-Medir resultados no solo actividades: El seguimiento debe permitir conocer si las personas consiguen una primera consulta, continúan sus tratamientos y mejoran su situación. También es necesario evaluar los tiempos de espera, las derivaciones y las diferencias entre territorios. Como sostiene Lazo, los programas deben tener indicadores que permitan saber si están produciendo cambios concretos.
Una atención cercana, continua y sin estigmas
La expansión de los centros comunitarios representa un avance para la salud pública peruana. El reto ahora es que esa red responda a las necesidades de cada territorio y garantice una atención que no se interrumpa por falta de profesionales, distancias o dificultades para conseguir una cita.
La salud mental no puede depender del lugar donde una persona vive. Cerrar las brechas exige combinar infraestructura, personal capacitado, prevención comunitaria y seguimiento de los pacientes. También requiere combatir el estigma que todavía lleva a muchas personas a postergar la búsqueda de ayuda.
Porque contar con un servicio es apenas el primer paso: la meta es que toda persona que necesite atención pueda recibirla a tiempo, cerca de su comunidad y con continuidad.
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